La necesidad por la Investigación Informada de los Sobrevivientes para combatir la trata de personas

1 noviembre 2018

Lara Powers  | Survivor Engagement Advisor, Polaris
Nat Paul  | Policy Advocacy Chair, National Survivor Network

Al igual que con cualquier esfuerzo que apunte a soluciones de gran escala para los problemas de justicia social y mundial, las estrategias para abordar la trata de personas deben basarse en datos e investigaciones basados en evidencias. El campo de la lucha contra la trata de personas se enfrenta a los desafíos de elaboración, falta de financiamiento y acceso limitado a los datos e investigación. La naturaleza increíblemente compleja del delito exacerba los riesgos de esfuerzos ineficaces e incluso contraproducentes que utilizan las percepciones anecdóticas de la trata de personas como la base de las intervenciones estratégicas.

El aporte de los sobrevivientes, es decir, los datos recopilados de aquellos que han experimentado la trata de personas, es vital para cualquier iniciativa contra la trata de personas, desde la prestación directa de servicios hasta las intervenciones del cumplimiento de la ley. Sin el aporte del sobreviviente, no podemos saber si nuestras campañas de divulgación y sensibilización destinadas a las víctimas serán efectivas. No podemos saber si nuestros albergues y programas de servicio directo mantendrán los estándares de excelencia logrados a través de una atención culturalmente competente e informada sobre el trauma. No podemos saber si nuestros esfuerzos para identificar a las víctimas llegarán a las personas más arraigadas y aisladas. Pero, probablemente, lo más importante es la necesidad de una investigación basada en evidencias para poner al corriente de la política contra la trata de personas. Cuando la legislación se aprueba sin la debida diligencia y sin la contribución estratégica que proporcionan los datos sólidos, las mejores intenciones pueden ser contraproducentes o incluso perjudiciales para los sobrevivientes.

Los datos que aportan los sobrevivientes deben ser parte de la investigación contra la trata de personas, y los sobrevivientes a los que se les solicita información sobre el trabajo contra la trata de personas deben recibir un pago por su colaboración.

La reciente aprobación del Proyecto de Ley 1693 del Senado de los Estados Unidos, o la Ley de Lucha Contra el Tráfico Sexual en Internet y la Ley para Dejar de Habilitar a los Traficantes Sexuales (FOSTA-SESTA), que entre otras cosas eliminó a Backpage y otras plataformas en línea para el sexo comercial, generó una reacción increíble para aquellos que están en la industria del sexo, incluso para las víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual. Al cerrar los mercados virtuales, FOSTA-SESTA impulsó el comercio sexual en la calle y recompensó a los intermediarios (proxenetas) que pueden relacionar a los vendedores con los compradores. Estos proxenetas a menudo imponen cuotas a las víctimas, con consecuencias potencialmente fatales cuando esas cuotas no se cumplen.

Conforme a los descubrimientos de una investigación llevada a cabo por el Senado de los Estados Unidos, los funcionarios de Backpage participaron activamente en la trata de personas al suprimir de sus anuncios todo lenguaje específico sobre la trata de personas con fines de explotación sexual para garantizar que pudieran publicarse bajo la apariencia de sexo comercial consensuado. No hay duda de que hay una necesidad de políticas que responsabilicen a las corporaciones por explotar activamente a otros con fines de lucro. Sin embargo, cualquier política que afecte a los sobrevivientes debe ser completamente informada. La investigación debería haberse realizado antes de la aprobación de FOSTA-SESTA sobre los efectos que tendría el proyecto de ley en los trabajadores sexuales independientes, como la pérdida de ingresos y el aumento de la vulnerabilidad de las personas sin hogar. Se podría haber investigado la utilidad de una red de seguridad para proteger a los más vulnerables de los daños colaterales de la ley.

Aún así, la financiación federal para la investigación contra la trata de personas específica a la política es extremadamente escasa en los Estados Unidos, al igual que la financiación federal para la investigación contra la trata de personas en general. Ya es hora de que prioricemos la dirección de los dólares federales hacia la investigación contra la trata de personas. Pero financiar la investigación no puede ser nuestra única prioridad. Las prácticas de investigación en nuestro campo deben ser éticas. La investigación debe fortalecer a aquellos sobrevivientes que hacen posible la recopilación de datos en primer lugar.

¿Cómo lo hacemos?

Los datos que aportan los sobrevivientes deben ser parte de la investigación contra la trata de personas, y los sobrevivientes a los que se les solicita información sobre el trabajo contra la trata de personas deben recibir un pago por su colaboración. Como un campo que aparentemente funciona para poner fin a la reexplotación, tenemos la obligación de prevenir la reexplotación de los sobrevivientes en el campo contra la trata de personas.

Los datos recopilados a través de oportunidades de consultoría pagadas a los sobrevivientes no solo fortalece nuestro campo, además proporcionan una fuente vital de ingresos para los sobrevivientes, muchos de los cuales enfrentan importantes barreras para acceder a empleos económicamente viables. Un informe del año 2017 publicado por la Red Nacional de Sobrevivientes reveló que de los 130 sobrevivientes encuestados, el 72,7 por ciento indicó que sus condenas relacionadas con la trata de personas constituían una barrera importante para encontrar un empleo remunerado.


UNU/Conferencia para la Medición del progreso hacia el cumplimiento de la Meta 8.7 en julio de 2018.

El trabajo de consultoría es altamente propicio para las prácticas de manejo de traumas individuales. En lugar de crear puestos de personal que perpetúan la burocracia y encasillan a los sobrevivientes en roles en los que deben recurrir a su pasado, los consultores sobrevivientes tienen control sobre cuánto, con qué frecuencia y qué temas les gustaría compartir de su experiencia. Las consultorías también ofrecen opciones de trabajo flexibles y, a menudo, remotas.

La ampliación del acceso de los sobrevivientes al trabajo de consultoría también permite el acceso a datos más significativos y más amplios. En lugar de aprender de un puñado de sobrevivientes que eligen carreras en el campo de la lucha contra la trata de personas, tener una gran cantidad de consultores sobrevivientes con el fin de recopilar datos trae a la mesa la más amplia y diversa gama de voces de sobrevivientes. También evita la práctica poco ética de utilizar a los sobrevivientes que son clientes de un programa de servicio directo para recopilar datos, incluso al hacer que los sobrevivientes de un programa contra la trata de personas realicen encuestas, participen en discusiones de grupos focales o hablen en público en nombre de la organización. Los clientes en un programa de servicio directo se encuentran en las etapas iniciales del proceso de curación, y la dinámica de poder desigual entre el proveedor del servicios y el cliente hace difícil garantizar el consentimiento empoderado en este contexto.

Pero para pagarles a los sobrevivientes para que informen nuestro trabajo, debemos contar con fondos y, en la actualidad, hay muy pocos fondos federales otorgados específicamente a la investigación, lo que nos lleva al punto de partida del tema en cuestión. Debemos priorizar la investigación, debemos financiarla y debemos asegurarnos de que los sobrevivientes representen a la parte interesada que proporciona y a la vez se beneficia de la recopilación de los datos que tanto necesitamos.

Lara Powers es asesora de Compromiso con Sobrevivientes en Polaris.

Nat Paul es la presidenta de Promoción de Políticas de la Red Nacional de Sobrevivientes.

Este artículo fue preparado por Lara Powers y Nat Paul a modo de contribución para Delta 8.7. Según lo establecido en los Términos y Condiciones de Uso de Delta 8.7, las opiniones expresadas en este artículo pertenecen al autor y no reflejan necesariamente las de la UNU o sus socios.

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