Fomentar los flujos de información para alcanzar la Meta 8.7

7 febrero 2019

Luis Fabiano de Assis  | Chief Research and Data Officer, the Brazilian Federal Labor Prosecution Office

Para combatir eficazmente el trabajo forzoso, la esclavitud moderna, la trata de personas y el trabajo infantil, la aplicación de la ley debe ir más allá de las investigaciones tradicionales. Aprovechando el poder de las técnicas de big data, pueden determinar puntos críticos para la explotación y mejorar la asignación de recursos. Los gobiernos pueden poner en práctica instrumentos legales para fomentar flujos de información más efectivos entre organizaciones privadas y públicas que comparten la carga de la responsabilidad de poner fin a estas violaciones de derechos humanos. Además, la mayoría de las empresas reconocen que no cumplir con los derechos humanos puede afectar su credibilidad y reputación debido al riesgo de ser señalados y avergonzados a nivel nacional e internacional, lo que puede llevar a represalias por parte de los consumidores y los mercados, y están dispuestos a encontrar formas de compartir información para evitar cualquier rechazo público.

Sabiendo esto, la Oficina federal de enjuiciamiento laboral (FLPO) en Brasil estableció un grupo de trabajo de fiscales encargados de promover el logro de la Meta 8.7, de manera que se conecte con la necesidad de una mayor transparencia de las instituciones públicas, el cumplimiento del derecho laboral sostenible y un mejor gobierno corporativo, aunque entendiendo que el sector financiero también tiene un papel que desempeñar. El grupo de trabajo tiene como objetivo hacer que las sanciones contra las personas y empresas que han violado las leyes laborales sean más efectivas, y establecer medidas preventivas desarrolladas en conjunto por los interesados públicos y privados para proteger los derechos humanos en el trabajo.

Al centrarse en las formas en que las empresas, las instituciones del sector financiero y las cadenas de valor comparten datos e información, algunas iniciativas desarrolladas por el grupo de trabajo se basan en la “lista negra” de Brasil que, desde 2004 permite la vergüenza pública de empresas o personas involucradas en la esclavitud moderna. A los que están en la lista negra, se les pueden congelar sus activos, negarles los subsidios del gobierno y no ser elegibles para licitar para proyectos gubernamentales, entre otras sanciones.

Flujos de información. Autor desconocido/Pixabay.

En 2010, el gobierno aprobó una ley que prohíbe a los bancos otorgar créditos rurales a empresas e individuos que estén en la lista negra. Para asegurar el cumplimiento, los registros de la lista negra, incluidos los nombres y números de identificación personal y corporativa, deben ser referenciados por las instituciones financieras durante las verificaciones de perfil y como parte del proceso de toma de decisiones sobre si otorgar o no crédito u otros servicios financieros a clientes. Sin embargo, las investigaciones de FLPO encontraron que las instituciones financieras a menudo no siguen estos procedimientos, otorgando crédito a las instituciones y personas en la lista negra.

Esto llevó a la FLPO a presentar una demanda contra el Banco Central de Brasil, exigiendo la identificación inmediata de todas las instituciones financieras que violan la ley. El tribunal dictaminó que todos los datos relacionados con transacciones crediticias que involucren nombres de la lista negra se deben entregar a los fiscales. El análisis de datos realizado por la FLPO de las transacciones reveló que al menos 10 instituciones financieras proporcionaban crédito a individuos y organizaciones cuyos nombres estaban en la lista negra, lo que generó más demandas e investigaciones.

Siguiendo las recomendaciones de la FLPO, el Banco nacional de desarrollo de Brasil (BNDES) cambió sus sistemas de recopilación de datos para incluir el monitoreo automático destinado a prevenir el registro y el crédito para aquellos que están en la “lista negra”. La FLPO ahora está celebrando audiencias con los principales bancos brasileños para discutir mejoras en los sistemas de crédito que podrían ayudar a evitar que los perpetradores de la legislación laboral y las violaciones a los derechos humanos se beneficien de vacíos o fallas en el intercambio de datos. Estos esfuerzos se ven fortalecidos por las recomendaciones de lucha contra la trata de personas emitidas por el Grupo de acción del sector financiero de Brasil (GAFI) y sus instituciones afiliadas, como el Consejo brasileño para el control de actividades financieras (COAF), que mejora constantemente los modelos para monitorear flujos financieros sospechosos y trabaja en asociación con la FLPO.

Los buenos flujos de datos e información también son importantes en relación con el mercado de valores, que pueden contribuir a alcanzar la Meta 8.7 y proteger a los inversionistas y a la economía en general. Por ejemplo, sobre la base de solicitudes anteriores de la FLPO acerca del sector de empacado de carne, la “Comissão de Valores Mobiliários” (CVM) de Brasil, equivalente a la Comisión de bolsa y valores de los Estados Unidos, mejoró sus sistemas de recopilación de datos y los requisitos para toda la información relevante que las empresas deben informar a sus inversionistas. Como resultado, se espera que las empresas mejoren sus mecanismos de debida diligencia en materia de derechos humanos y que estén obligadas a informar al mercado si se enfrentan a demandas por violaciones a la legislación laboral.

El enfoque adoptado por la FLPO se puede aplicar en otros lugares y la FLPO ha participado en discusiones nacionales e internacionales acerca del uso de datos en agencias y organizaciones. Por ejemplo, la FLPO participó en el evento “Romper las cadenas financieras: interrumpiendo los flujos financieros asociados con la esclavitud, la trata de personas, el trabajo forzoso y el trabajo infantil”, organizado por la Universidad de las Naciones Unidas en 2017. A partir de este evento, se presentaron 25 recomendaciones en el informe final y la FLPO ya está actuando en 17 de ellas en Brasil y está exigiendo a otras organizaciones que también lo hagan.

Como la FLPO ha demostrado en Brasil, hacer que los datos y la información fluyan de nuevas formas puede ayudar a alcanzar la Meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Luis Fabiano de Assis es fiscal federal, director en jefe de investigación y datos en la Oficina Federal de Enjuiciamiento Laboral (FLPO – Ministério Público do Trabalho, MPT, en portugués) y profesor de derecho y políticas de la Escuela nacional de fiscales públicos. También es el director de la iniciativa Smartlab.

Este artículo fue preparado por Luis Fabiano de Assis a modo de contribución a Delta 8.7. Según lo establecido en los Términos y condiciones de uso de Delta 8.7, las opiniones expresadas en este artículo pertenecen al autor y no reflejan necesariamente las de la UNU o sus socios.

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