Sector financiero

Understanding the financial sector’s role in financing and fighting modern slavery, human trafficking, forced labour and child labour

El sector financiero entra en contacto con las formas contemporáneas de esclavitud, la trata de personas, el trabajo forzoso y el trabajo infantil de diversas maneras. En un nivel básico, las instituciones financieras manejan los fondos generados por estos problemas o asociados con ellos, pueden proporcionar servicios financieros a empresas asociadas con estas prácticas y administran inversiones en industrias que utilizan prácticas ilícitas. Además, el personal del sector de primera línea, como los cajeros de los bancos y los empleados del servicio de transferencia de dinero, entran en contacto directo con los perpetradores y las víctimas que procesan las transacciones. Además, el acceso a los servicios bancarios es vital para ayudar a grupos vulnerables y que ya han sido abusados. Debido a esto, las instituciones financieras son actores fundamentales en las iniciativas para quebrantar el trabajo forzoso, las formas contemporáneas de esclavitud, la trata de personas y el trabajo infantil, como lo han sido en muchas otras cuestiones anteriormente.

  • Las instituciones financieras que, de forma consciente o inconsciente, manejan fondos asociados con el trabajo forzoso, las formas contemporáneas de esclavitud, la trata de personas y el trabajo infantil corren el riesgo de violar leyes y normas existentes relacionadas con el cumplimiento.
  • Las instituciones financieras que están ligadas a empresas cuyas cadenas de suministro están expuestas al trabajo forzoso, las formas contemporáneas de esclavitud, la trata de personas y el trabajo infantil son responsables de llevar a cabo la debida diligencia en materia de derechos humanos.
  • Los bancos y otras instituciones financieras tienen la responsabilidad de utilizar su influencia para prevenir o mitigar un impacto adverso cuando no causan ni contribuyen al impacto, pero están directamente vinculados a él.
  • El sector financiero puede ayudar a abordar los factores que estimulan el trabajo forzoso, las formas contemporáneas de esclavitud, la trata de personas y el trabajo infantil a través de microfinanzas, microcréditos y la financiación mancomunada.

Las estimaciones del valor financiero de las formas contemporáneas de esclavitud, la trata de personas, el trabajo forzoso y el trabajo infantil son difíciles de obtener. Pero está claro que dicho valor es alto. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), por ejemplo, ha estimado que tan solo los ingresos anuales por concepto del trabajo forzoso superan los $150.000 millones de dólares; se estima que casi dos tercios ($99.000 millones) provienen de la explotación sexual con fines comerciales. Mientras tanto, la OIT argumenta que tan solo el hecho de erradicar el trabajo infantil traería unos beneficios estimados en $5,1 billones de dólares, particularmente en las economías en desarrollo.

Muchos de los elementos que utilizamos a diario dan fe del tráfico y la explotación: El coltán utilizado en nuestros teléfonos inteligentes ha sido vinculado tanto al trabajo forzoso como al infantil; lo mismo ocurre con muchos otros productos de nuestro día a día, tales como el café, el chocolate y el alimento para perros, entre otros. Todo esto demuestra que las formas contemporáneas de esclavitud, la trata de personas, el trabajo forzoso y el trabajo infantil son “grandes negocios”.

Camiones alineados fuera de una fábrica. Unsplash / Ivan Bandura

Las instituciones públicas y privadas del sector financiero pueden entrar en contacto con este gran e ilícito negocio de diversas formas. Las instituciones financieras pueden, por ejemplo, manejar los fondos generados por o asociados con estas prácticas. También pueden proveer bienes o servicios financieros a negocios o actividades relacionadas con estas prácticas, o estar directamente vinculadas a ellas. Debido a esto, las instituciones financieras están en una posición única para quebrantar las formas contemporáneas de esclavitud, la trata de personas, el trabajo forzoso y el trabajo infantil.

Al igual que otras empresas que puedan entrar en contacto con víctimas o autores de delitos, las instituciones financieras pueden capacitar a su personal, en particular a los cajeros de los bancos, para que puedan detectar comportamientos sospechosos y otras señales que puedan ser indicativos de estas prácticas. Además, dichas instituciones pueden llevar a cabo la debida diligencia sobre los bienes y servicios que se les suministran (por ejemplo, personal de seguridad y de avituallamiento) para garantizar que su cadena de suministro directa esté libre de las formas contemporáneas de esclavitud y de la trata de personas. Sin embargo, la capacidad de contribución de las instituciones financieras en cuanto a la erradicación de estas prácticas va mucho más allá y su papel es en ciertos aspectos bastante diferente de aquel que juegan otros sectores empresariales. El sector financiero puede desempeñar un papel único en relación con los esfuerzos de cumplimiento de la normatividad, de préstamos y de inversión, los cuales abordan los factores que estimulan las formas contemporáneas de esclavitud, la trata de personas, el trabajo forzoso y el trabajo infantil.

Cumplimiento

Las instituciones financieras pueden manipular, de forma consciente o inconsciente, los dineros asociados con estas formas de explotación, ya que los traficantes y las empresas pueden utilizar bancos y otras instituciones financieras para mover las utilidades derivadas de las formas contemporáneas de esclavitud, la trata de personas, el trabajo forzoso y el trabajo infantil.

La participación de las instituciones financieras puede, sin embargo, variar. Allí donde la actividad que desarrollen las personas sea en sí misma ilegal, los traficantes pueden emplear negocios que utilicen primordialmente el dinero en efectivo, al igual que sistemas bancarios informales, empresas fachada y remesas con el fin de mover fondos hacia el sistema financiero formal. En otros casos, se genera esclavitud, trabajo forzoso, trabajo infantil o trata de trabajadores, en conexión con empresas legítimas, como por ejemplo las dedicadas al desarrollo de infraestructura o la agricultura. El producto de la trata de personas también se ha utilizado para financiar el terrorismo. Por tales razones, las instituciones financieras y las empresas relacionadas que manejan dichos fondos corren el riesgo de violar una serie de leyes y normas existentes relacionadas con el cumplimiento, en particular, de la Lucha Contra el Lavado de Dinero (ALD) y contra la Financiación del Terrorismo (LFT).

La mayoría de las jurisdicciones ya reconocen la trata de personas como un delito determinante que genera obligaciones entre los actores del sector financiero con el fin de que tomen medidas para prevenir el lavado de dinero. En otras jurisdicciones, aunque tanto las formas contemporáneas de esclavitud como la trata de personas, el trabajo forzoso y el trabajo infantil no se señalen explícitamente como delitos determinantes, la conducta que equivalga a tales prácticas (las cuales con frecuencia involucran estafa, agresión o diversas formas de lesiones corporales) constituye a menudo un delito determinante.

Las autoridades que se encargan de Lucha Contra el Lavado de Dinero y contra la Financiación del Terrorismo (ALD / LFT) prestan cada vez más atención a la participación de las instituciones financieras en la manipulación del dinero producto de estos delitos, tanto a nivel nacional como internacional. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también llamó la atención sobre este tema a finales de 2016 a través de la resolución 2331. Algunos reguladores nacionales, a menudo llamados Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), han comenzado a emitir avisos relacionados con la identificación de actividades indicativas de trata de personas. Así mismo, los reguladores del sector financiero han utilizado dicha información para desarrollar “tipologías” que ayuden a los reguladores, bancos y otros actores del sector financiero a comprender las formas en que los fondos provenientes de las formas contemporáneas de esclavitud, la trata de personas, el trabajo forzoso y el trabajo infantil entran y se mueven a través del sector. El Grupo de Acción Financiera (GAFI) publicó un informe que identificará nuevas formas de utilizar herramientas financieras para combatir la trata de personas y sus ganancias en junio de 2018. Además, el Inter-Governmental Action Group Against Money Laundering in West Africa (GIABA) está elaborando un informe de tipología sobre la trata de personas en África Occidental.

Las instituciones del sector financiero están obligadas por los regímenes ALD / LFT a tomar una serie de medidas para mitigar los riesgos de manipulación de fondos asociados con ciertos tipos de trata de personas, formas contemporáneas de esclavitud, trabajo forzoso y trabajo infantil. La obligación primordial es la debida diligencia del cliente, la cual implica el compartir y analizar la información. Además en muchos casos, los actores del sector financiero están obligados a presentar informes sobre actividades o transacciones sospechosas (SAR o ITS) a los reguladores nacionales. En algunos países, incluidos los Estados Unidos, Canadá, Australia, Tailandia, los Países Bajos, el Reino Unido y Hong Kong, las instituciones financieras informan específicamente acerca de si la actividad que están reportando parece estar relacionada con la trata de personas.

Los riesgos derivados del incumplimiento de estas obligaciones son reales. En enero de 2018, Western Union, una de las empresas de servicios monetarios más grandes del mundo, firmó un acuerdo de $60 millones de dólares con el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York por cargos de lavado de dinero, incluido el asociado con la trata de personas.

Pero las restricciones sobre la forma como los actores del sector financiero intercambian información entre sí y con las UIF, limitan actualmente nuestra comprensión acerca de los riesgos para el sector. En algunos países, las instituciones privadas, la sociedad civil, los reguladores públicos y las fuerzas de seguridad trabajan en conjunto para permitir el intercambio de información responsable y equitativo, así como también la gestión de riesgos. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para ampliar y armonizar dichos acuerdos, garantizar el reparto equitativo de la carga e identificar cómo se debe usar esta información para regular el comportamiento del sector financiero.

En los Estados Unidos, esto sigue siendo un tema de debate legislativo, por ejemplo en el contexto del análisis de un proyecto de ley presentado por la senadora Elizabeth Warren y el senador Marco Rubio. En Brasil, una “lista negra” emitida por el gobierno limita el acceso al sistema financiero a las empresas supuestamente involucradas en prácticas relacionadas con la esclavitud. En los Países Bajos, el gobierno, los sindicatos, la Asociación Bancaria nacional y 13 bancos holandeses firmaron un acuerdo, conocido como el “Pacto”, mediante el cual se comprometen a cumplir las obligaciones de debida diligencia en materia de derechos humanos, en relación con el financiamiento de proyectos y préstamos corporativos, en línea con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos y con las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales.

Préstamo, inversión y vinculación

Las instituciones financieras que prestan, invierten o que están directamente ligadas a empresas cuyas cadenas de suministro están expuestas a las formas contemporáneas de esclavitud, la trata de personas, el trabajo forzoso y / o el trabajo infantil, tienen la responsabilidad de llevar a cabo la debida diligencia en materia de derechos humanos, la cual incluye la responsabilidad de utilizar cualquier influencia sobre sus socios comerciales para prevenir o mitigar los impactos adversos. Esto incluye en particular el financiamiento estatal en el contexto de la promoción del comercio y la inversión, especialmente en lo que se refiere a las transacciones de exportación / importación.

Los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, avalados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, establecen claramente que los actores del sector financiero, ya sean bancos privados, fondos públicos de pensiones, organismos de crédito a la exportación u organizaciones cooperativas de ahorro, tienen la responsabilidad de:

  1. evitar generar o fomentar efectos adversos sobre los derechos humanos a través de sus actividades propias y confrontar tales efectos en el caso de que sucedan; así mismo,
  2. buscar la forma de prevenir o mitigar efectos adversos sobre los derechos humanos, que estén directamente relacionados con sus operaciones, productos o servicios, debidos a sus relaciones comerciales, aún en el caso de que no hayan contribuido a dichos efectos adversos.

Tales responsabilidades se aplican a todas las empresas comerciales, incluidos los bancos comerciales y otras entidades del sector financiero, independientemente de su “tamaño, sector, contexto operacional, propiedad y estructura”.

Para cumplir con su responsabilidad de respetar los derechos humanos, los bancos deben tener “políticas y procesos adecuados a su tamaño y circunstancias”, incluido un “proceso de debida diligencia en materia de derechos humanos para identificar, prevenir, mitigar y explicar la forma como abordan los efectos adversos sobre los derechos humanos”. La complejidad de los procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos de un banco depende de su tamaño banco, de la naturaleza y del contexto de sus operaciones, así como también de la gravedad de los posibles efectos adversos sobre los derechos humanos que pueda ocasionar dicho banco.

La gravedad es un factor clave para determinar qué tan grande y compleja debería ser el proceso de debida diligencia. Puesto que la gravedad está determinada por el tamaño, el alcance y el carácter irremediable de los daños, los actores del sector financiero deben centrar su debida diligencia en las violaciones potenciales más grandes y graves según la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha dejado en claro:

La cantidad y el tipo de clientes de un banco (actuales y potenciales), sus productos y servicios financieros, así como también los países en los cuales dichos clientes se encuentran y operan, influirán en la complejidad de la imagen de riesgo de un banco y en la gravedad de los riesgos potenciales sobre los derechos humanos asociados con sus actividades y las relaciones con los clientes. Cuanto más compleja sea la cartera de un banco, más sofisticados deberán ser sus sistemas para asegurarse de que identifiquen y confronten los riesgos relevantes; de igual manera, más detallados deberán ser sus procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos con respecto a clientes o transacciones particulares.

Por supuesto, las instituciones financieras pueden llegar a tener recursos limitados (tiempo, dinero, personal) para llevar a cabo una debida diligencia a fondo en materia de derechos humanos. La orientación existente deja en claro que “las políticas y sistemas de derechos humanos de un banco deben desarrollarse con el objetivo de proporcionar un nivel mínimo de selección para todo tipo de actividades, teniéndose el análisis más detallado priorizado para clientes o transacciones de alto riesgo”. Allí donde una institución financiera esté expuesta o vinculada a un sector industrial, empresa o ubicación geográfica conocidos por tener un alto riesgo de violar la meta 8.7, se requiere una debida diligencia a fondo en materia de derechos humanos.

Las responsabilidades de los actores del sector financiero difieren según su conexión con las violaciones a la meta 8.7. Si dichos actores causan o contribuyen a una violación, los mismos deberán proporcionar los medios o cooperar para que se remedie. El contribuir a una violación incluye, por ejemplo, financiar proyectos de infraestructura que impliquen riesgos claros de trabajo forzoso, teniéndose el conocimiento de dichos riesgos y sin que se tomen medidas para prevenirlos o mitigarlos.

Pero los bancos y las instituciones financieras también tienen la responsabilidad de utilizar su influencia, a pesar de que no estén causando o contribuyendo a un efecto adverso, sino que estén de alguna otra forma directamente vinculados con dicho efecto: por ejemplo, “en el caso de que un banco haya otorgado financiación a un cliente y este, en el contexto del uso de dicha financiación, se comporte de tal forma que esté causando (o tiene el riesgo de causar) un efecto adverso”. Si, por ejemplo, un banco es uno de los financiadores de un proyecto donde un cliente, incumpliendo con los estándares acordados y con sus propias políticas, participa en conductas equivalentes a las formas contemporáneas de esclavitud o la trata de mano de obra, entonces dicho banco, a pesar de no estar participando directamente en tales prácticas, está directamente relacionado con las mismas; en tal caso, dicho banco debe utilizar cualquier influencia que tenga sobre el cliente para buscar prevenir o mitigar el efecto adverso. Esto también puede ir más allá de las relaciones de primer nivel, por ejemplo si el cliente utiliza los productos o servicios de la institución, para financiar otra empresa o entidad que cause efectos adversos.

Algunos bancos, fondos de pensiones, fondos soberanos de inversión y organismos de crédito a la exportación están desarrollando innovaciones operativas poderosas para promover prácticas comerciales responsables en toda su base de clientes, las cuales van desde la industria textil hasta el aprovisionamiento responsable de cobalto. Los inversionistas institucionales han trabajado en asocio con la OCDE para comprender e implementar de mejor forma la debida diligencia a lo largo de las cadenas de valor de inversión. Y los organismos de crédito a la exportación están prestando cada vez más atención a filtrar aplicaciones que presenten riesgos graves de violación de los derechos humanos. Al mismo tiempo, el London School of Economics and Political Science desarrolló una guía para los países sobre la manera de implementar los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos en lo que respecta a la formulación de políticas de inversión.


Edificios de gran altura en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Unsplash / Jakub Gorajek

Soluciones a nivel financiero

El sector financiero tiene un gran potencial de ayudar a abordar los factores clave de la meta 8.7.

En muchos lugares, las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas van de la mano con la falta de acceso a los servicios financieros y al crédito formales. Las soluciones de microfinanzas, especialmente los servicios de microcrédito, pueden abordar estas vulnerabilidades mediante la construcción de resiliencia: al acceder a los microcréditos y otros servicios financieros, las poblaciones vulnerables pueden bien sea pagar sus préstamos, evitar contraer préstamos adicionales o renunciar por completo a endeudarse.

La financiación mancomunada puede ser una estrategia de inversión eficiente (y una política de desarrollo inteligente) para acabar con las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas. Los mecanismos de financiación mancomunada pueden reducir los costos de las transacciones», reducir la duplicación en la programación y disminuir el riesgo de verse afectado por consideraciones políticas bilaterales. Esto podría disminuir los costos de las transacciones para las comunidades, estados y empresas que estén buscando asistencia contra la esclavitud; facilitar los esfuerzos coordinados para reformar las cadenas de suministro mundiales al tiempo que mitigar los temores de perder participación en el mercado; así mismo, fomentar la innovación en datos, investigación y desarrollo.


Lecturas adicionales:


Delta 8.7 agradece a Julie Oppermann y James Cockayne por su trabajo en la redacción del resumen temático y a Daniel Thelesklaf, Tom Keatinge, Duncan Jepson, Lene Wendland y Timea Nagy por sus comentarios sobre borradores anteriores.

Este artículo ha sido preparado por Julie Oppermann y James Cockayne como una contribución de Delta 8.7. Según lo establecido en los Términos y Condiciones de Uso de Delta 8.7, las opiniones expresadas en este artículo pertenecen a los autores y no reflejan necesariamente las de la UNU o sus socios.

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